La diputada Elisa Carrió, de Cambiemos, criticó duramente en la sesión al titular de la Corte,Ricardo Lorenzetti. Foto: Rolando Andrade Stracuzzi
Con el apoyo de casi todos los bloques parlamentarios, la Cámara de Diputados aprobó el 1705/2016 el proyecto de ley de acceso a la información pública que envió el Poder Ejecutivo.
Se registraron 229 votos a favor, sólo cuatro en contra y una abstención. Sólo se opusieron los legisladores del Frente de Izquierda y se abstuvo Julio Solanas, del Frente para la Victoria.
En una inédita votación, coincidieron los representantes de Cambiemos y del grueso de los opositores: el kirchnerismo, el massismo, el peronismo disidente y el centroizquierda.
El diputado oficialista Pablo Tonelli (PRO) presentó el proyecto oficial, que incluye la creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública y un Consejo Federal para la Transparencia. También incorporó modificaciones de último momento, que fueron confirmados en la votación, entre ellos el de incluir como “sujetos obligados” a dar acceso a la información a las “concesionarias, explotadoras, administradoras u operadoras de juegos de azar, destreza y apuetas”.
El conocimiento de “los actos de gobierno es una de las mejores herramientas para luchar contra la corrupción”, afirmó. Este proyecto es “la consagración de muchas iniciativas frustradas en el Congreso y es producto de la decisión del Poder Ejecutivo”, dijo.
Los kirchneristas Diana Conti y Juan Cabandié sacaron a relucir el decreto 1172/03, de acceso a la información que dictó Néstor Kirchner. “Fue el puntapié inicial para esta ley que ahora estamos discutiendo”, sostuvo Cabandié, aunque criticó la “falta de un IPC” en el INDEC, así como no hay información sobre “las empresas offshore del Presidente”.Para el diputado Pablo López (izquierda) “es una ley de preservación de secretos”, que protege a los grupos que han fugado capitales sistemáticamente”.
Por su lado, el radical Mario Negri, titular del interbloque de Cambiemos, sostuvo que con el proyecto oficial “se le pone punto final a la cultura del secretismo en los tres poderes”. Y agregó que el decreto 1172 estaba a mitad de camino, ya que había que ir a la Corte para conseguir la información que no daba el Poder Ejecutivo, “como la del PAMI y Desarrollo Social”, que el anterior gobierno se negaba a entregar.
A su turno, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, se quejó porque “no tenemos índice de pobreza ni de desocupación”. A la hora de la votación en particular, cosechó aplausos de los cuatro costados por haber conseguido que el macrista Pablo Tonelli, miembro informante, le aceptara introducir modificaciones a uno de los artículos.
En ese tramo del debate, y por iniciativa de la oficialista Elisa Carrió, quien apuntó con dureza contra el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se aceptó otro cambio, para que el proyecto contemple que “cualquier decisión judicial” que vaya en contra de la norma será causal de “mal desempeño”, y podrá derivar en un juicio político. “¿Cómo es posible que no podamos acceder a las declaraciones juradas de los jueces de la Corte y demás Tribunales siendo que ellos son la cabeza del Poder Judicial?”, preguntó.
Fuente: Clarin.com 18/05/2016
Pacman
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