Escandaloso pacto por el manejo del juego

Se habría concretado un convenio secreto entre la Provincia y la empresa Codere para la renovación de la licencia del Bingo platense. Hay rumores de coimas por 25 millones de dólares y existe un complejo entramado de complicidades políticas y judiciales
El 28 de junio la gran mayoría de los bonaerenses se manifestó masivamente a favor de un cambio en la forma de hacer política. Pero, a menos de un mes de las elecciones legislativas, nada ha cambiado. Y los negociados multimillonarios que se están tejiendo alrededor del juego son una clara muestra de ello.
Tal como lo anticipo Hoy en su edición del 2 de julio, finalmente se habría firmado un acuerdo secreto entre la empresa Codere y funcionarios provinciales para la renovación por 15 años de la explotación de la sala de Bingo de La Plata, donde funcionan 500 máquinas tragamonedas. Y los principales involucrados en esta negociación, que tiene numerosos puntos oscuros, son los hermanos Martínez Sampedro (dueños de la empresa Codere), el interventor de Loterías, Alberto Peluso, y varios funcionarios provinciales. Es más, días atrás, se habría concretado una reunión en el domicilio particular de Carlos Girald, un conocido personaje platense que actualmente es uno de los responsables de las relaciones públicas de Codere, donde se habrían pulido los términos del acuerdo.
Llama poderosamente la atención, y resulta escandaloso, que Codere pueda seguir manteniendo los privilegios que obtuvo en la década pasada de la mano del menemismo y el duhaldismo, pese a que fue el propio el gobierno bonaerense el que había decidido a fines del año pasado no renovarle la licencia. Es más, en diciembre el Instituto de Loterías y Casinos bonaerense presentó una demanda ante la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata ya que había detectado graves delitos relacionados con presunto lavado de dinero, estafas y evasión impositiva que involucraba a la empresa española. La denuncia actualmente está virtualmente cajoneada ante la falta de voluntad política para que siga avanzando y resulta evidente que actuó como una cortina de humo.
La licencia de Codere venció el 28 de junio, pero pudo seguir operando gracias a una sospechosa medida cautelar dictada por la jueza en los Contencioso Administrativo de La Plata, Ana María Logar, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la firma española y no tuvo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados contra la compañía de los hermanos Sampedro. El argumento utilizado fue casi infantil: el gobierno bonaerense se había “olvidado” de darle vista a la fiscalía de Estado de la resolución que establecía la no renovación de la licencia.
Existen muchas sospechas sobre el motivo real por el cual Logar, que es una ignota jueza, decidió intervenir para beneficiar a una empresa como Codere. Ocurre que los recursos de amparo tienen el objetivo de proteger a los ciudadanos en sus garantías fundamentales y a la propia Constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos, ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales reconocidos en la carta magna. No parece ser este el caso de la empresa Codere, que arrastra serias acusaciones judiciales y cuyas irregularidades habrían producido importantes pérdidas a las arcas de la Provincia. En todo caso, habría que preguntarse si la magistrada no tuvo en cuenta los “derechos fundamentales” de los ciudadanos bonaerenses, que durante años se vieron perjudicados debido a que los millonarios recursos que se mueven alrededor del juego sólo sirvieron para llenar los bolsillos de algunos empresarios amigos del poder.
Tal como ocurrió cuando Felipe Solá decidió renovar automáticamente por decreto las licencias para la explotación de los bingos en el año 2006, ahora existen fuertes rumores sobre complicidades políticas y judiciales, como así también sobre presuntos pagos de coimas, que ascenderían a unos 25 millones de dólares.
La idea es que la firma española siga manteniendo, en sociedad con la fundación Florencio Pérez, que preside Raúl Kraiselburd, el control del Bingo platense. Para ello, según fuentes confiables consultadas por Hoy, el gobierno de Scioli estaría elaborando una resolución en la cual se habilitaría que siga funcionando Codere en La Plata, bajo el argumento de que se trata de un requerimiento de la fiscalía de Estado, que conduce el veterano Ricardo Szelagowski. Esto también genera varios interrogantes, dado que si Szelagowski actúa de esa manera mostraría o que ya no está en condiciones profesionales de ejercer el cargo (la Constitución provincial establece que su tarea es la de ser defensor de los intereses patrimoniales del Estado Provincial) o que también fue beneficiado con los millones de dólares que están circulando alrededor del controvertido convenio.
Ocurre que, según altas fuentes consultadas por Hoy, en las negociaciones previas al oscuro pacto habrían participado el propio Kraiselburd, el fiscal de Estado y un personaje de nombre Juan Pablo Peredo, que fue director comercial del Instituto Provincia de Loterías y Casinos en épocas de la gobernación de Felipe Solá, y que actualmente es el director de relaciones institucionales de Codere Argentina.
La concesión del Bingo platense, a través de la empresa Codere, es explotada por la fundación Florencio Pérez, la fundación estadio Ciudad de La Plata y la cooperadora del hospital Sbarra (ex casa Cuna). A excepción de la ex Casa Cuna, las otras dos entidades prácticamente no realizan actividades sociales, requisito indispensable que exige la normativa vigente para recibir los fondos del bingo. Esto hace que instituciones sin fines de lucro de reconocida labor social en la región estén excluidas del sistema y no reciban un solo centavo de la actividad lúdica.
Además, la fundación de Kraiselburd, que debería controlar el funcionamiento del Bingo, está siendo investigada por la Justicia dado que presenta diversas irregularidades. Se conformó días antes de que el Bingo se instalara en la Plata en los años ‘90, y ni siquiera tiene sede propia: funciona en el mismo edificio y con el mismo teléfono que tiene diario que dirige Kraiselburd. También se sospecha que no está cumpliendo con el fin social para la cual fue creada, que es la rehabilitación de drogadependientes.
Pese a las consultas realizadas por Hoy, no hubo explicaciones oficiales respecto a este oscuro pacto que se habría firmado. En distintas reparticiones oficiales niegan que exista un acuerdo con Codere y que la información sobre pago de coimas no tendría sustento. No obstante, nadie explica por qué el gobernador Scioli, en plena campaña electoral, encabezó un acto público con directivos de la firma española y hasta la elogió públicamente, pese a que pocos meses antes sus propios funcionarios se habían presentado en la Justicia para denunciar el lavado de dinero y las diversas irregularidades detectadas en el Bingo de la capital bonaerense.

Un anteproyecto en el freezer

Cuando a fines del año pasado el gobierno de Daniel Scioli anunció que no le iba a renovar la licencia a Codere para la explotación del Bingo Platense, existía un anteproyecto de ley que hablaba de la ampliación de la cantidad de distritos con bingos y tragamonedas con el argumento de que es un reclamo de los intendentes. Por el momento, el proyecto no ingresó a la Legislatura y se encuentra stand by.
Según el documento, al que tuvo acceso Hoy, el proyecto ratifica el decreto 456/06 de Felipe Solá sobre la renovación automática de licencias. Y “establece que la autoridad de aplicación podrá trasladar las salas de casinos que no sean redituables a otros partidos en forma temporaria y/o permanente”. También se le otorga facultades al Instituto de Loterías para “unificar el vencimiento de todas las licencias de salas de juego, incluyendo las que se otorguen nuevas, “hasta el año 2025”. Y se establece que las salas que “no han obtenido la renovación de sus licencias como así también aquellas que lo han obtenido podrán solicitar a la autoridad de aplicación la renovación o ampliación prevista dentro de los seis meses de entrada en vigencia la presente ley”.
“La autoridad de aplicación determinará la cantidad de máquinas electrónicas de juegos de azar que podrá tener cada sala nueva como la que se encuentre en funcionamiento, para ello tendrá en cuenta las características socioeconómicas del lugar y el público asistente o potencial”, consigna el anteproyecto. Y se establece que “el incremento en la cantidad de máquinas no podrá exceder el 50% de la cantidad de máquinas existentes en todas las salas”.

“Aprobar una prórroga en las licencias implica que existen coimas”

El diputado nacional por Solidaridad e Igualdad, Carlos Raimundi, se mostró en completa oposición al manejo que el Estado bonaerense hace de las salas juego, y de la forma en que publicita al azar como un servicio social, ya que “la mejor manera de que progrese el ciudadano humilde es que tenga trabajo”, explicó a diariohoy.net.
“Primero que nada, creo que no se debe estimular el juego, ese es el primer incumplimiento moral del Estado, y en segundo lugar, en caso de que se tome esta decisión pragmática, debería ser el Estado quien lo administre, y no debería estar privatizado”, dijo el legislador a diariohoy.net, mostrando su disconformismo con el modelo actual.
Raimundi explicó que “no se puede estar de acuerdo con los intereses leoninos de empresas privadas que hacen negocios con los recursos del Estado y a cuesta de la desesperación de gran parte de la sociedad”.
El legislador nacional por Solidaridad e Igualdad (SI) argumentó que no puede explicarse la entrega de la administración del juego de azar a empresas privadas si no se analiza la connivencia entre éstas y el poder político.
“No cabe duda de que aprobar una prórroga en las licencias de las empresas implica que existan coimas y arreglos entre las explotadoras del juego y los funcionarios”, dijo Raimundi, en referencia a las constantes renovaciones en los permisos que consiguen los concesionarios de los bingos a cada vencimiento.
“No hace falta tener una foto del dueño de un bingo entregándole un sobre con plata a un legislador o funcionario para saber que estas cosas ocurren. Si no basta mirar cómo se financian las campañas de los partidos políticos mayoritarios”, concluyó.

“ El Juego ha sido concesionario por el Estado a Codere, una empresa que es muy cuestionada. El Estado tiene que saber quién puede administrar el juego. Y en todo caso, tiene que hacer una explotación transparente, con buenas costumbres y una visión moral. Administrar fuera de estos preceptos es una cuestión que falta a las reglas, casi ilegal”
Daniel Romeo (Presidente de “Funda-Mental”)

“ Nadie puede dudar que el juego es un gran negocio. Se supone que parte de la recaudación va destinada a ayudar a organizaciones y a la gente necesitada, pero aún, en ese caso, el fin no justifica los medios, porque esa plata es sacada también a los pobres”
Sacerdote platense Eduardo Lorenzo

“ El Gobierno así como incentiva a jugar debería dedicar el mismo tiempo y espacio a explicar que el juego es malo, aplicar controles y brindar contención”
Rabino platense Tuvia Serbet

En foco

Hay que ponerle un freno a la atrocidad

Cuando un grupo de funcionarios asume la responsabilidad de conducir el Estado provincial más importante del país debería tomar conciencia de la magnitud de la tarea que tiene a su cargo. Y eso conlleva tener decisión política para llevar adelante cambios estratégicos para beneficiar al conjunto de la sociedad, lo que implica combatir privilegios oscuramente obtenidos gracias al amparo de los poderes de turno.
Lamentablemente, en lo que respecta al manejo del juego, no se ha hecho nada. Y por eso volvieron a aparecer las complicidades políticas y judiciales que amparan a grupos empresarios que manejan millonarios recursos. Lamentablemente parecen haber caído en saco roto las oportunas advertencias que a fines del año pasado realizaron las máximas autoridades de la Iglesia católica sobre las complicidades políticas con el negocio del juego.
Pese a todo, el gobierno bonaerense está a tiempo de dar marcha atrás con el oscuro acuerdo con Codere. Y asumir así el control absoluto de esta actividad para que los miles de millones de pesos que se mueven a partir del juego sirvan para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses, especialmente de los sectores más necesitados, y no sigan yendo a un grupúsculo de empresarios amigos del poder.
En reiteradas oportunidades, en las páginas de este diario, hemos manifestado que el Estado no puede seguir ausente y tiene que tomar el toro por las astas. Si el gobierno avanza en ese camino demostrará una saludable vocación de cambio y estaría cumpliendo en parte con lo que manifestó la voluntad popular en las urnas el último 28 de junio. Que así sea.


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